La sociedad catalana se inclina cada vez más por una mejora de la financiación para superar la crisis territorial.
Nadie convoca un referéndum para perderlo aunque las inesperadas derrotas que generan este tipo de consultas deberían disuadir a los temerarios que todavía las reclaman. En el caso catalán, el referéndum se presenta como la fórmula talismán que permitirá resolver el conflicto territorial que enfrenta a media Catalunya con el resto de España. Y para reforzar su carácter de santo grial de la democracia, se argumenta que una abrumadora mayoría de los catalanes apuesta por ese mecanismo para salir del callejón sin salida del procés.
Sin embargo, en el tema de la consulta se esgrimen medias verdades que a menudo conducen al enmarañado territorio del autoengaño. Para empezar, los resultados electorales –el mejor indicador de la voluntad del país– vienen registrando una situación de empate técnico entre partidarios y detractores de la independencia, que se deshace en favor de los opuestos a la secesión cuando la participación se dispara, como ocurrió en el 2015 o el 2017. Es decir, el previsible desenlace de un referéndum dejaría una Catalunya aún más dividida e insatisfecha.
Requisito fundamental.
El amplio apoyo a una consulta en Catalunya está condicionado a que su celebración se acuerde con el Estado
Ahora bien, más allá de los pronósticos, la propia sociedad catalana expresa sus reservas sobre el referéndum a través de los sondeos. Es cierto que la consulta tiene un amplio apoyo social en Catalunya, en la confianza –quizás infundada– de que permitiría dilucidar de una vez por todas la voluntad mayoritaria del país. Sin embargo, para que un referéndum sea válido hace falta que sea admitido como mecanismo de decisión por una mayoría sustancial de la sociedad y no solo por los que lo desean intensamente. Y ahí es donde las experiencias del 9-N del 2014 y del 1 de octubre del 2017 evidencian que la voluntad de participar en una consulta unilateral no es mayoritaria. En ambos casos, la participación no fue mucho más allá del 40% del censo electoral.
En realidad, tras el supuesto apoyo masivo a un referéndum de autodeterminación se esconden condiciones que matizan su validez como instrumento sanador de la fisura catalana. El requisito fundamental para garantizar el respaldo mayoritario a esa fórmula es, según evidencian los sondeos, que la consulta sea acordada. Si no se cumple esa condición, el apoyo a un referéndum unilateral cae al 50% o incluso por debajo, según los sondeos del Centre d’Estudis d’Opinió realizados en el periodo crítico del proceso soberanista. Y según las encuestas de GAD3 para La Vanguardia, la exigencia de que la consulta solo se celebre como resultado de un acuerdo con el Estado sería incluso mayoritaria.
Finalmente, cuando se pregunta a la sociedad catalana cuál es la mejor vía para resolver el conflicto territorial, la respuesta es clara. Apenas un 23% de los consultados apuesta por la consulta, mientras que un porcentaje similar propone una reforma constitucional para zanjar el encaje de Catalunya en España. Y, en paralelo, crece el respaldo a una mejora del sistema de financiación como la fórmula más idónea para resolver el conflicto catalán, que en el sondeo de GAD3 de mayo pasado ya alcanzaba al 36% de los consultados.
A partir de ahí, es difícil entender por qué el independentismo se atrinchera en la reivindicación de un referéndum que previsiblemente perdería y que no tiene encaje en la Constitución española, por lo que ningún gobierno central lo autorizará. La explicación reside en la inercia que mantiene entre el electorado soberanista el relato que los partidos de ese signo han construido sobre los efectos taumatúrgicos de la consulta. Es decir, solo en la medida que las fuerzas secesionistas reescriban ese relato y lo acerquen a la realidad, sus votantes aceptarán moverse en márgenes más posibilistas, como ya ocurre entre los electores de ERC.
Así, mientras más de la mitad de los contrarios a la independencia apuesta por una reforma del sistema de financiación, como vía para resolver el conflicto, los electores independentistas se inclinan mayoritariamente por el referéndum (en un porcentaje que supera el 45%). Eso sí, con algunos matices: mientras entre los votantes de Junts un inmutable 60% defiende la consulta, entre los de ERC esa tasa habría caído 15 puntos, hasta el 37%, entre enero y mayo.
Fuente: La Vanguardia.