La capital del Matarraña consensua una declaración institucional con el respaldo de todos los grupos políticos y denuncia que declarar de Interés Público estas iniciativas supondría un «ataque a la autonomía municipal».
El Ayuntamiento de Valderrobres solicitará a la Diputación General de Aragón y al Ministerio de Transición Ecológica una moratoria de dos años para los proyectos de renovables. Asimismo exigirá al Gobierno de Aragón un plan de ordenación del territorio, pedirá que no se declaren estos proyectos como de Utilidad Pública y solicitará que se garantice la participación de los municipios afectados. Así se desprende de la Declaración Institucional que todos los grupos municipales -PP, PSOE y CHA- han consensuado y que se aprobará durante la sesión plenaria que tendrá lugar el miércoles por la noche.
La declaración institucional contiene cuatro puntos principales. En primer lugar, recoge solicitar al Ministerio de Transición Ecológica la aprobación de una moratoria de dos años en la aplicación y desarrollo del referido Real Decreto Ley 23/2020, en relación con la concesión de las autorizaciones a los proyectos eólicos y fotovoltaicos en la Comunidad Autónoma de Aragón o «al menos, en la comarca del Matarraña», hasta que no se apruebe un Plan Territorial de recursos energéticos en Aragón, y se garantice en su tramitación el derecho de participación y defensa de sus intereses por parte de las administraciones y agentes implicados.
En cuanto a este punto y refiriéndose a la moratoria el alcalde de Valderrobres, Carlos Boné (PP), recordó que la gran mayoría de los procedimientos administrativos «son muy lentos y complejos» y reconoció sentirse «sorprendido» por las «prisas» y la celeridad con la que, sin embargo, tanto las empresas como la administración están actuando. «Llama la atención que la administración sea muy lenta para la mayor parte de los trámites pero sin embargo da la sensación de que ahora las empresas y la administración tienen mucha prisa y es algo que indudablemente los ciudadanos no entendemos», manifestó Boné. Pese a reconocer que actualmente la capital del Matarraña no tiene sobre la mesa ninguna propuesta de parque eólico, consideran que la instalación de una instalación de este tipo «afecta» de igual modo a localidades y comarcas vecinas.
En segundo lugar, instarán al Gobierno de Aragón al cumplimiento del acuerdo de las Cortes de Aragón a presentar un Plan de ordenación territorial de los recursos energéticos de Aragón que se incluya en el nuevo Plan Energético de Aragón 2021-2030 y en la estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón (EOTA). Respecto a este punto, en tercer lugar, solicitan al Gobierno de Aragón la aprobación de una moratoria de dos años en la aplicación y desarrollo del Real Decreto-ley, respecto a la concesión de las autorizaciones para la ejecución de los proyectos eólicos y fotovoltaicos de su competencia, hasta que no se apruebe el Plan de ordenación territorial de los recursos energéticos autonómicos, mencionado en el apartado anterior, y se garantice en su tramitación, el derecho de participación y defensa de sus intereses por parte de las administraciones y agentes implicados.
«Estamos hablando de unas instalaciones que se van a quedar ahí para siempre o mínimo 30 años. Son unos proyectos muy complejos que no es fácil entender y por lo tanto no es lógico tener que tomar una decisión con tanta celeridad. Esto al final es un negocio y las empresas como es lógico quieren hacer negocio, pero son decisiones muy complejas y serias que no se pueden tomar a la ligera», añadió Boné.
En cuarto lugar, solicitarán al Gobierno de Aragón y al Ministerio de Transición Ecológica y Reto demográfico que, por el motivo expuesto en el apartado anterior, «suspenda la aprobación de la declaración de utilidad pública» de los proyectos de eólicos y fotovoltaicos de su competencia, dado que la misma supone un «ataque directo» a la autonomía municipal de los ayuntamientos y a muchas de sus competencias. «Tenemos que ser los propios vecinos y municipios cual queremos que sea nuestro futuro. Al final da la sensación, una vez más, que vienen desde las ciudades a decidir lo que suceda en los pueblos. Y esa es una de las principales preocupaciones que tenemos todos los vecinos, el perder esa autonomía municipal», añadió el alcalde de Valderrobres.
La declaración institucional se remitirá al Ministerio de Transición Ecológica y Reto demográfico, al Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, al Departamento de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente y al Departamento de Vertebración del territorio, movilidad y vivienda del Gobierno de Aragón. «Entendíamos que todos los grupos estamos de acuerdo y por ello los tres grupos políticos que conformamos el consistorio hemos considerado importante presentarlo como una declaración institucional», añadió Boné.
Todo ello después de que en la declaración presentada por los tres grupos políticos denuncien que «considerando que el desarrollo del Real Decreto Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica», se están presentando proyectos eólicos y fotovoltaicos fraccionados «que incumplen, deliberadamente, la normativa estatal» y el ejercicio de las competencias en la tramitación y concesión de las autorizaciones por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto demográfico. Apuntan además que en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón no se ha aprobado un Plan territorial de recursos energéticos que garantice el derecho de participación de las administraciones y agentes implicados en defensa de los intereses medioambientales y de desarrollo económico y social de sus territorios.
En la declaración apuntan a que considerando que «era declaración de utilidad pública» la implantación de los referidos proyectos cuya autorización compete a la Comunidad Autónoma de Aragón y al Ministerio de Transición Ecológica y Reto demográfico, lleva aparejada la expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, lo que supone un perjuicio económico para los municipios afectados y que elude la aplicación de su normativa tributaria en perjuicio de su autonomía financiera o, en su caso, de la negociación previa de compensaciones económicas por su instalación. Apuntaron que las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a presentar un plan de ordenación territorial de los recursos energéticos de Aragón que se incluya en el nuevo Plan Energético de Aragón 2021-2030 y en la estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón (EOTA).
Recordaron que los cuatro proyectos de parques eólicos presentados en la comarca del Matarraña, Arlo, Argestes, Cefiro y Paucali, y su infraestructura de evacuación en TTMM de Teruel y Zaragoza no se encuentran sujetos aún a ninguna tramitación por parte de la Administración, y que por tanto serían susceptibles de recibir una moratoria hasta que el citado Plan de ordenación territorial sea una realidad.
La declaración concluye que los proyectos de energías renovables se han presentado en la comarca del Matarraña sin contar con la opinión del Consejo Comarcal, de los ayuntamientos y de los vecinos y residentes, teniendo en cuenta además, que su implantación afecta directamente a las estrategias de desarrollo que se han consensuado en el territorio durante los últimos 20 años. Todo ello, cabe recordar después de la propuesta de la empresa Capital Energy y después de que en los últimos días se hayan conocido nuevos proyectos eólicos en este caso de la empresa Forestalia.
Fuente: La Comarca.
