El equipo de la comisaria de Competencia está analizando si debe investigar el rescate. Políticos y empresarios temen que el polémico caso ponga en guardia a Bruselas ante el reparto inminente de ayudas.
En las salas luminosas del único rascacielos de la Place Madou, los funcionarios de Competencia examinan con lupa la letra pequeña del rescate español a Plus Ultra. La polémica inyección pública a la aerolínea -de capital mayoritariamente venezolano- se ha colado en el despacho bruselense de la comisaría Margrethe Vestager. Y lo ha hecho a través de una implacable carta remitida por el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano.
A menos de dos kilómetros, en la sede belga del Parlamento Europeo, espera respuesta oficial la pregunta formulada por otro eurodiputado español, Esteban González Pons. Garicano denuncia en su misiva que la ayuda del Gobierno a Plus Ultra incumple lo pactado con la Unión Europea en términos de competencia. El eurodiputado del PP, por su parte, pone el foco en el accionariado de la empresa, española en teoría pero venezolana en la práctica, a la luz del último desglose que refleja el Registro Mercantil.
Ambos frentes buscan una reacción de las instituciones europeas ante un escándalo que va ganando dimensiones a escala nacional. Pedro Sánchez ya está soportando las andanadas de PP y Vox en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo. Pero, hasta ahora, se ha salvado de cualquier reproche comunitario gracias a otro incendio, de mayor envergadura: el que ha provocado en la capital belga AstraZeneca por la distribución de sus vacunas.
“La polémica sobre las vacunas está tapando todo en Bruselas. No estamos ahora en el radar de los expertos en Competencia de Bruselas únicamente por eso”, asegura un eurodiputado español. Que no se hable del asunto en la ciudad con más funcionarios y lobbies de Europa no significa que esté en vía muerta. Al contrario, la iniciativa de Garicano obliga a Bruselas a reaccionar. Y la máxima autoridad de Ciudadanos en materia económica ha hilado fino para despertar la atención de la comisaria Vestager.
“Considero que las recientes medidas de apoyo de las autoridades españolas (…) representan una violación de las condiciones con las que la Comisión aprobó la creación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas dentro del marco temporal de ayudas estatales”, expone Garicano en su carta.
Las “condiciones” a las que alude el eurodiputado están reflejadas en un documento con sello oficial de la Comisión, publicado el 31 de julio de 2020. Aquel día, aprobó el fondo del que han salido los 53 millones en dirección al bolsillo de los accionistas venezolanos de Plus Ultra. La nota emitida por Bruselas insertaba una declaración de la propia Vestager, quien confirmaba la luz verde comunitaria a cambio de una serie de condicionantes.
Las ayudas de Estado que está repartiendo la SEPI serían ilegales de no estar arropadas legalmente por el ‘Temporary Framework’. Se trata de un ambicioso mecanismo impulsado por la Comisión Europea con el fin de dar “la máxima flexibilidad a los estados para apoyar a la economía durante la crisis del coronavirus”. Bruselas habilitó este marco el 19 de marzo de 2020 y lo fue ampliando según avanzaba la pandemia (y se hundía la economía) con distintos tipos de ayudas.
Exterior de la sede de la Sociedad Estatal de Participaciones. Industriales (SEPI)
Tanto el ‘Temporary Framework’ como la autorización puntual de Bruselas a España dejan claro y meridiano que “sólo las compañías que no tuvieran dificultades financieras antes del 31 de diciembre de 2019 pueden beneficiarse de estas ayudas”. “Respecto a las medidas de recapitalización, el apoyo está justificado únicamente si no hay disponible otra solución y si la intervención obedece al interés general”, añade el documento fechado el 31 de julio del pasado año y dirigido al Ejecutivo español.
La Comisión Europea exige otros requisitos. Por ejemplo: “que el Estado sea remunerado suficientemente por los riesgos asumidos de cara a los contribuyentes” y que el apoyo estatal se ciña a la cantidad necesaria para asegurar la viabilidad de los beneficiarios y restablecer su capital al nivel previo a la crisis del coronavirus”.
“Es bastante evidente que el rescate no cumple con las condiciones pactadas con la UE. Por eso la Comisión tiene que decir algo. Hacer la vista gorda le perjudicaría en un momento como este, cuando se deben repartir miles de millones entre los estados miembros”, señala un eurodiputado en conversación telefónica desde Bruselas.
El reparto de dinero púbico siempre ha sido un asunto espinoso en los despachos comunitarios. Pero ahora lo es mucho más, con 750.000 millones de euros a la espera de reparto. A España le corresponden 140.000 millones, 27.000 de los cuales deberían llegar antes de que acabe el año. “Lo increíble es que el Gobierno puede llevarse la primera en la frente. Se supone que debemos ser muy escrupulosos con la gestión de los fondos públicos, porque vamos a recibir mucho dinero en los próximos meses. Lo ocurrido con Plus Ultra es un absoluto despropósito porque puede hacer que Bruselas aumente la lupa sobre España”, añade el mismo eurodiputado a Vozpópuli.
La respuesta del Europarlamento a González Pons llegará en un máximo de dos meses. Pero la de Vestager debería llegar mucho antes. “El Gobierno puede dar ayudas a la empresa que quiera, pero si incumple con Europa se arriesga a que le abran una investigación o un proceso sancionador”, apostillan fuentes del PP en Estrasburgo.
A la espera de que las instituciones comunitarias se pronuncien, algunos empresarios en España hacen otra reflexión preocupante. “Lo ocurrido con Plus Ultra puede hacer que, a partir de ahora, paguen justos por pecadores”, señalan desde una asociación empresarial. Es decir, que compañías que merecen, de verdad, el acceso al fondo de la SEPI sufran ahora un endurecimiento de las condiciones.
Informes sobre Plus Ultra
Para beneficiarse del fondo es necesario pasar tres exámenes: uno de la Agencia Española de Seguridad Aérea, otro jurídico y un tercero de carácter financiero. Este último ha sido el más controvertido en el caso de Plus Ultra. Mientras que Deloitte se limitó a dar fe de que la empresa cumplía con los requisitos legales, una pequeña consultora (Daiwa Corporate Advisory) aportó un informe para justificar que la aerolínea merecía el rescate por el estado de sus cuentas y el carácter estratégico para España de su negocio.
A medida que crecen las dudas, se extiende entre los empresarios el temor a que el caso Plus Ultra afecte al acceso al fondo de la SEPI. Por eso piden que se aclare cuanto antes si ha existido alguna irregularidad. El fin último es cortar de raíz un escándalo que prendió en el instante mismo en que los 22 ministros del Gobierno avalaron con su firma entregar 53 millones a una aerolínea que sólo tiene un avión.
Fuente: Voz Pópuli.
